El 7 de junio los barrios y pueblos de Madrid saldrán a la calle en lucha por su futuro

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El 7 de junio los barrios y pueblos de Madrid saldrán a la calle en lucha por su futuro
El 7 de junio los barrios y pueblos de Madrid saldrán a la calle en lucha por su futuro

Desde seis años, en la región de Madrid se han perdido 479.400 empleos netos y casi 900.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. Lejos de reforzar unos servicios públicos que palíen la precarización generalizada de las condiciones de vida de la población, las Administraciones públicas han optado por priorizar el pago de una deuda generada por actuaciones que no han repercutido en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía a costa de la inversión en equipamientos y servicios públicos. En la Comunidad de Madrid, este año el presupuesto cayó en 256 millones de euros con respecto a 2013. En plena de crisis, cuando las necesidades de la ciudadanía se multiplican, la partida presupuestaria que más creció (17,4%) fue la destinada al pago de los intereses de la deuda pública, que se convierte en la quinta “consejería” en gasto a costa de la sanidad, la educación, el transporte, el empleo y la vivienda. A pesar de ello, la deuda creció en 25.000 millones de euros en los últimos 6 años, una cantidad equivalente a los beneficios fiscales de las rentas más altas. Las prioridades del presupuesto del Ayuntamiento de la capital siguen la misma lógica: uno de cada cuatro euros de las arcas municipales se destina a hacer frente a la carga de la deuda (amortización e intereses), a pesar de lo cual los madrileños debemos una cantidad cinco veces superior a la de 2003. Desde ese año, el presupuesto destinado a los distritos ha caído un 83%. La inversión en equipamientos está, por tanto, prácticamente congelada, de tal manera que no se construyen siquiera las dotaciones comprometidas desde hace años y los servicios municipales, como la limpieza y el mantenimiento de vías públicas y jardines y los servicios sociales. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Juventud sin Futuro, la Plataforma Mayores en Acción, la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, CCOO Madrid, la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid y otros colectivos, asambleas y coordinadoras locales unen sus fuerzas para denunciar estas políticas antisociales. Por ello, el próximo 7 de junio llevarán a cabo más de 25 acciones reivindicativas en 18 distritos de Madrid y en 4 municipios de la región bajo el lema 7J: barrios en lucha por nuestro futuro para que las administraciones destinen los presupuestos públicos a mejorar los servicios públicos y a dignificar las condiciones de vida de una ciudadanía castigada por el paro y unos barrios sumidos en el más absoluto abandono.

MANIFIESTO #7J

Aunque los índices de pobreza y de exclusión social alcanzan cotas históricas, la prioridad de la acción política de nuestros gobernantes es el pago de la deuda. A pesar de ello esta no deja de crecer. Y lo hace a nuestra costa. En 2014 el presupuesto de la Comunidad de Madrid cayó en 256 millones de euros con respecto a 2013. Curiosamente, la partida presupuestaria que más creció (17,4%) fue la destinada al pago de los intereses de la deuda pública, que se convierte en la quinta “consejería” en gasto. A pesar de los esfuerzos realizados a costa de la ciudadanía en forma de recortes y privatizaciones, en los seis últimos años la deuda creció en 25.000 millones de euros, una cantidad equivalente a la que el Gobierno regional ha perdonado con su política fiscal a los grandes patrimonios y a las rentas más altas (24.483 millones de euros). NOS ROBAN LA SANIDAD PARA PAGAR LA DEUDA En 2014 el Gobierno regional recortó en 131 millones de euros el presupuesto sanitario a costa, entre otras, de la inversión en personal, que perdió 75 millones de euros. En apenas cinco años 8.000 profesionales sanitarios fueron expulsados de un sistema sanitario que, además, ha sufrido otros ataques, como la clausura del Instituto de Cardiología y los centros de especialidades y de salud mental de Torrejón y de Vallecas, el cierre de camas hospitalarias, crecientes derivaciones de pruebas diagnósticas y operaciones a clínicas privadas, la desaparición del hospital Carlos III para su transformación en un centro de media estancia, la privatizacion de la lavandería central y del centro de transfusiones (en manos de la ONCE y la Cruz Roja)… Todo ello con el pretexto del ahorro y la sostenibilidad del sistema. Entre tanto, despilfarran 11 millones de euros anuales en concepto de mantenimiento de un hospital que permanece cerrado: el hospital de Villalba. NOS ROBAN LA EDUCACIÓN PARA PAGAR LA DEUDA Desde el comienzo de la crisis, la Consejería de Educación ha expulsado a 10.000 profesionales, ha recortado las partidas de becas de libros y comedor hasta su práctica desaparición y ha incrementado exponencialmente las tasas de las escuelas infantiles (hasta un 175% en 2012), de la Formación Profesional (45% en 2013) y de la Universidad (68% desde 2012). Tampoco las ayudas destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales se han librado de los recortes. Los jóvenes de unas familias crecientemente depauperadas son expulsados, poco a poco, del sistema educativo público y la malnutrición infantil empieza a dejarse sentir en muchos colegios. NOS ROBAN SERVICIOS SOCIALES PARA PAGAR LA DEUDA En la Comunidad de Madrid hay 330.000 personas en situación de desempleo que no cobran ninguna prestación. En un solo año 150.000 personas se sumaron a la bolsa de pobreza que, día a día, crece en nuestros barrios y que eleva a 1.250.000 los madrileños que están en riesgo de exclusión social. En este contexto, los 84,7 millones de euros destinados a la lucha contra la exclusión social solo alcanzan para ayudar a 20.000 personas, un déficit que se agravará si finalmente aprueban la ley de régimen local y transfieren las competencias en la materia a unos ayuntamientos económicamente asfixiados. Los recortes alcanzan su máximo alcance en las políticas de integración: en apenas dos años el presupuesto destinado a programas de inmigración cayó el 86%, lo que supone su práctica desaparición. NOS ROBAN LA IGUALDAD PARA PAGAR LA DEUDA 2014 es el segundo año con más muertes por violencia de género desde que se registran: 26 mujeres murieron por esta causa en los cuatro primeros meses del año. Pero la violencia de género se manifiesta, además, de forma soterrada y silenciosa para otras muchas: 154.000 reconocen haberla sufrido alguna vez. A pesar de ello, el presupuesto destinado a prevención cayó un 60% en cinco años. NOS ROBAN EL EMPLEO PARA PAGAR LA DEUDA Solo en el último año, 15.100 personas perdieron sus empleos en la Comunidad de Madrid. El paro, que afecta ya a más de 650.000 personas y a más del 50% de la juventud de nuestra región, empuja a más de 1,2 millones de madrileños al borde de la pobreza y la exclusión social. A pesar de ello, el presupuesto destinado a promover políticas activas de empleo cayó un 12,5%. NOS ROBAN EL TRANSPORTE PARA PAGAR LA DEUDA La aportación al Consorcio Regional de Transporte destinada a sufragar la tarifa que paga el usuario descendió este año un 12%. El recorte contrasta con los sucesivos tarifazos a los que hemos tenido que hacer frente (12 en 9 años), a pesar de los cuales la calidad del servicio empeora día a día (cierran accesos al metro, averías mecánicas, retrasos…). Según reconoce el propio Consorcio Regional de Transporte, 750.000 carecen de recursos suficientes para pagar el transporte público, pero se niega a crear un abono social para garantizar “la estabilidad presupuestaria”. NOS ROBAN LA VIVIENDA PARA PAGAR LA DEUDA En agosto de 2013 el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs y Azora por el irrisorio precio de 201,2 millones de euros, un negocio redondo para los fondos buitre que deja a 3.000 familias al albur de los mercados financieros y priva a la ciudadanía de un patrimonio financiado con dinero público. Lejos de garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, las administraciones madrileñas no tienen empacho en desahuciar a las familias sin recursos que no pueden pagar el alquiler. NOS ROBAN LAS PENSIONES PARA PAGAR LA DEUDA Cerca de 300.000 familias viven de las pensiones de sus mayores en el Estado español. A la congelación de las pensiones aprobada en 2012 se sumaron otras medidas que castigan más aún a quienes conquistaron con su lucha y pagaron con su trabajo los servicios públicos, como el copago farmacéutico, los recortes aplicados al desarrollo de la ley de dependencia y, en Madrid, el cobro del servicio de teleasistencia. ¡HASTA EL AGUA! PARA PAGAR LA DEUDA Los presupuestos de la Comunidad de Madrid son toda una declaración de intenciones al anunciar un aumento de los ingresos por dividendos del Canal de Isabel II que no se dedicarán a mejorar el abastecimiento de agua. Si las circunstancias del mercado mejoran, 2014 podría ser el año en que el Gobierno regional venda el 49% del Canal de Isabel II, la empresa pública que durante 150 años ha gestionado de forma impecable, y con beneficios, el agua en nuestra región. MIS IMPUESTOS PARA EL BARRIO Y PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NO PARA LOS BANCOS El caso del Ayuntamiento de la capital es paradigmático en lo que se refiere a gobernar atendiendo a los intereses de los bancos y no a las necesidades de la ciudadanía. A pesar de que destina una cuarta parte del presupuesto municipal a pagar la deuda (1.000 millones de euros anuales en concepto de amortización e intereses bancarios), debemos cinco veces más que en 2003: 7.389 millones de euros frente a los 1.455 de entonces. Además, el grueso de ésta procede de unas obras que han reportado pocos o nulos beneficios a la ciudadanía y, en algunos casos, hasta cargas y pérdidas: el soterramiento de la M-30 (5.000 millones de eros), el traslado de la sede del Ayuntamiento al palacio de Cibeles (800 millones), la construcción de unas instalaciones olímpicas vacías de contenido (la Caja Mágica, el Centro Acuático…), en constante deterioro y cuyo mantenimiento sigue requiriendo importantes sumas de dinero. Los recortes presupuestarios aplicados para garantizar el pago de la deuda recaen en los servicios públicos y sociales y en los barrios: desde 2003 el presupuesto municipal destinado a los distritos se redujo un 83% (de 111,2 a 18,8 millones de euros). En consecuencia, la inversión destinada a dotaciones y equipamientos públicos está congelada, incluida la de aquellas dotaciones comprometidas desde hace años. Si tenían dinero para las Olimpiadas, ¿por qué no lo emplearon para los equipamientos y los servicios que tanta falta nos hacen? Rechazamos las políticas que anteponen el pago de la deuda con los bancos, algunos de los cuales hemos rescatado también con nuestro dinero, a las crecientes necesidades de la población y exigimos que nuestros impuestos se destinen a mantener y a dignificar los servicios públicos porque de ellos depende el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Exigimos, además:  Construir los equipamientos necesarios en los barrios y municipios de nuestra comunidad y para acondicionar los que están deteriorados.  Extender la cobertura de los servicios sociales, en especial a las personas más necesitadas, y para mejorar el transporte público adecentando instalaciones y aumentando la frecuencia de paso.  Garantizar y mejorar la limpieza y mantenimiento de las calles, parques y jardines. Para que bajen las tasas que han subido (escuelas infantiles, universidad, polideportivos, transporte etc.), y se elimine el repago.  Que la EMVS y el IVIMA dediquen sus recursos a garantizar el derecho a la vivienda, adjudicando las miles de viviendas vacías con las que cuentan y suspendiendo los procesos de desahucios.  Impulsar un cumplimiento riguroso de la normativa medioambiental y adoptando medidas de urgencia contra la contaminación ambiental.  Dotar de competencias y presupuesto a las Juntas Municipales y a los municipios, impulsando la descentralización municipal y la participación vecinal.  Recuperar el carácter público de las empresas y servicios privatizados o en proceso de privatización y se garantice la calidad de los mismos.