La Asociación Vecinal Independiente de Butarque (AVIB) ha comenzado una campaña en redes sociales para denunciar que la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lleva más de tres meses sin contestar a una petición de reunión.
El barrio de Butarque, situado en el madrileño distrito de Villaverde, cuenta con graves problemas de movilidad y accesibilidad debido a que se encuentra rodeado por diferentes vías de comunicación que dificulta el desplazamiento del vecindario. Uno de los principales problemas es el trazado de la variante de la A4 entre la M-40 y la M-45, ya que es una vía que pasa por delante de sus viviendas y a la que no tienen acceso de entrada ni de salida.
Esta situación fue trasladada de primera mano en una reunión con la dirección de carreteras celebrada el 7 de junio de 2021, donde se indicó a la asociación vecinal que se tendrían en cuenta sus peticiones para la futura modificación de este tramo.
Sin embargo, el pasado 13 de noviembre de 2023 se sacó a licitación la redacción del proyecto ‘Autovía A-4, ampliación de capacidad de la variante A-4 (by-pass M-30/M-40) PP.KK. 7+200 al 12+500. Tramo: Enlace con la M-40 – Enlace con la M-45’ que justamente afecta al tramo que pasa por delante de las viviendas y donde no se contempla ningún beneficio para el barrio, que no solo seguirá sin poder acceder directamente a la carretera, puesto que el proyecto no tiene previsto un punto de acceso al mismo, sino que encima tendrá que soportar un mayor nivel de tráfico y ruido.
El día 17 de noviembre la asociación vecinal envió una petición de reunión a la Secretaría General de Infraestructuras de la Dirección General de Carreteras, pero nunca obtuvo respuesta. También han solicitado la intervención del Delegado del Gobierno, sin éxito hasta el momento.
Desde la asociación vecinal señalan sentirse “engañados y decepcionados” ante la actuación del Ministerio y denuncian, como ya ocurre con otras administraciones, “el desprecio que sufrimos como vecinos cuando los responsables políticos ni siquiera se dignan a contestar” algo que, en su opinión, debería ser una obligación “para quienes se supone que deben velar por mejorar las condiciones de vida la ciudadanía pero que, a la hora de la verdad, dejan de lado las necesidades de las personas que se ven afectadas por este tipo de actuaciones”.
