Sobran los motivos: el 21 de septiembre la marea blanca vuelve a la calle

En septiembre se cumple el segundo aniversario de la aprobación del real decreto 16/2012, que de un plumazo dejó sin cobertura sanitaria a cerca de 900.000 personas y se ha cobrado la vida de tres personas que no recibieron la debida asistencia médica. Además, miles de personas que padecen enfermedades infectocontagiosas no y que muchas personas no puedan tener seguimiento de enfermedades crónicas, impidiéndoles la posibilidad de evitar complicaciones graves. Aunque los efectos de los recortes sanitarios son graves para el conjunto de la población, la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública llama la atención sobre la vulnerabilidad en la que quedan los más de 700.000 inmigrantes (200.000 de los cuales viven en Madrid) que el Gobierno central ha expulsado del sistema sanitario desoyendo las advertencias de la Comisión Europea, de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud acerca de la ilegalidad de la medida. Pero este no es, por desgracia, el único motivo por el que la Marea Blanca volverá a inundar Madrid el 21 de septiembre. En los últimos años, el Gobierno regional ha abierto seis hospitales privatizando los laboratorios públicos y la gestión de los servicios no sanitarios; ha privatizado tres hospitales y mantiene cerrado desde enero de 2013 el de Collado Villalba, de gestión completamente privada, con un coste mensual de 900.000 euros. A la ola privatizadora, que afecta también a los centros de especialidades y sus laboratorios públicos, se suma el cierre de camas en los hospitales públicos; la pérdida de miles de puestos asistenciales que intenta compensar sin garantías de calidad con peonadas y profesionales agotados; la desaparición de 26 categorías profesionales no sanitarias; la privatización de la lavandería central y del servicio de extracción de sangre; el cierre del instituto cardiológico y algunos centros de salud mental; el desmantelamiento del hospital Carlos III, el único centro dedicado a las enfermedades infectocontagiosas; las derivaciones de pacientes con pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas de la sanidad pública a clínicas privadas; la vulneración de la custodia de datos confidenciales y de la ley de protección de datos, traspasando los datos personales de los pacientes del hospital de Fuenlabrada a la clínica privada de los Madroños, en Brunete; la denegación de medicamentos eficaces contra la hepatitis C, poniendo el riesgo la vida de muchos pacientes que no tienen otra terapia alternativa para su curación… Ante este ataque directo a la sanidad pública, la Marea Blanca exige: La derogación de la ley 15/1997 que permite la entrada de la sanidad privada y del capital financiero en el sector de la sanidad pública. Derogación del actual artículo 135 de la Constitución modificado en agosto de 2011, que establece la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto y que afecta de forma crucial al gasto sanitario. Anulación del Real Decreto 16/2012 que ya ha provocado al menos tres muertes, termina con el principio de universalidad y promueve el cambio de modelo de asistencia sanitaria. La retirada del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, que elimina servicios públicos esenciales para la asistencia sanitaria y provoca desamparo en salud y el desmantelamiento del sistema sanitario público. La reincorporación inmediata de los 180 despidos declarados nulos por una sentencia judicial de trabajadores del hospital Puerta de Hierro de Madrid y la incorporación de los más de 4.000 trabajadores que la Comunidad de Madrid ha despedido, la restitución de los cuatro directores de sentros de salud despedidos y de los profesionales sanitarios jubilados en contra de su voluntad La dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. La dimisión del presidente no electo de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Presentación, por parte del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, del balance económico y el “supuesto ahorro” que se ha producido en la sanidad de Madrid con este desmantelamiento.