La Asociación Vecinal Independiente de Butaque (AVIB) ha presentado una solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo para que inste a que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se sienten a negociar de cara a convertir la Avenida de los Rosales (M-301) en vía urbana.
La solicitud es consecuencia de un nuevo accidente ocurrido el pasado 24 de enero donde un vecino de Butarque resultó gravemente herido cuando su moto impactó con otro vehículo a escasos metros del bypass de la A-4, un punto negro donde es habitual que se produzcan accidentes y donde ha habido al menos 5 de ellos de gravedad, en los que han fallecido 7 personas desde 2007.
A pesar de ser una vía situada en el municipio de Madrid, la Avenida de los Rosales, entre la M45 y el bypass de la A4, se trata de una carretera autonómica, la M-301, de dos carriles, por la cual los vehículos circulan a gran velocidad, a pesar de existir una prohibición de hacerlo a más de 70 km/h. Vecinas y vecinos del barrio de Butarque llevan años solicitando la conversión de esta carretera en una vía urbana, lo cual requiere un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad.
Pero el vecindario denuncia además que el Área de Desarrollo Urbano Sostenible ni siquiera ha contestado al escrito que la Dirección General de Carreteras envió en febrero de 2017 ofreciendo ceder la competencia de la vía y tampoco contestan a las peticiones de información de la asociación vecinal. Tampoco ha contestado a ninguna de las solicitudes que AVIB ha enviado en los últimos meses solicitando una entrevista o una respuesta.
“Mientras las administraciones son incapaces de ponerse de acuerdo, mientras no consiguen gestionar adecuadamente un problema que se remonta a hace muchos años, los accidentes se siguen produciendo y la movilidad del barrio continúa dependiendo de esta carretera, y a pesar de nuestras denuncias, nuestras peticiones y nuestras reclamaciones, somos ignorados por quienes dicen ser nuestros representantes más directos”, denuncian desde la asociación.
Por todo ello, piden amparo ante el Defensor del Pueblo «para que medie entre las instituciones responsables con el objetivo de poner fin a esta situación. Nos vemos impotentes ante el desprecio institucional que sufrimos y esperamos obtener ayuda por su parte”, concluyen en su escrito.
