El nuevo procedimiento de concesión de becas condena a la indefensión a los más desfavorecidos

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Hace más de un mes que comenzó el curso escolar, y unas 50.000 familias de la Comunidad de Madrid aún están a la espera de saber si, definitivamente, sus hijos tendrán aprobada la beca de comedor o no. Parece que este año ha sido una empresa privada la que ha baremado y confeccionado los listados definitivos, con numerosos errores que aún hay que subsanar. Además, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se han enzarzado en una disputa económica en la que la Comunidad acusa al Ayuntamiento de no aportar el dinero pactado para las becas, hecho por el cual, la Comunidad de Madrid ha decidido “secuestrar” la prestación, no sólo para los ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, sino también para el resto de ciudadanos de la Comunidad. El problema se agrava para las familias más desfavorecidas, ya que antes había tres niveles de concesión de becas: máxima, media y mínima, pero este año han decidido suprimir la media, siendo la mínima la que se concederá a la gran mayoría de las solicitudes. Esto significa que, de concederse la ayuda, la mayoría de las familias pagarán 50 ó 60 euros al mes por menor que acuda al comedor. Sin embargo, lo más grave de cómo se está resolviendo esta convocatoria es de qué manera, la Comunidad de Madrid, al haber dejado únicamente en manos privadas el trámite de concesión, está promoviendo la destrucción de la coordinación entre administraciones, en este caso, entre los servicios sociales municipales y el departamento de becas de la Comunidad de Madrid. Esta coordinación es indispensable para poder justificar situaciones difícilmente justificables por medio de documentación, pero que sí podrían justificarse por medio de informes de las trabajadoras sociales de servicios sociales municipales, que intervienen con las familias y son conocedoras de las situaciones de precariedad que atraviesan. Es decir, con este nuevo procedimiento se está condenando a una situación de indefensión a las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables. Parece que la Comunidad de Madrid prefiere ignorar que hay ocasiones en las que la concesión o no de las becas de comedor puede decidir que un menor acuda al centro escolar, o que uno de los dos progenitores pueda buscar un empleo para completar los ingresos familiares. Parece que la Comunidad de Madrid, en tiempos de crisis, prefiere subcontratar servicios propios de la administración, mientras aniquila la coordinación entre servicios públicos. Parece que la Comunidad de Madrid busca perpetuar la marginación de los que menos tienen, mientras llena los bolsillos de empresas privadas.