El Observatorio Social de la Dependencia pide la puesta en marcha de un Plan Director para resolver la gestión de la Ley de Dependencia

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No obstante, dada la preocupante inaplicación de la Ley de Dependencia, el Observatorio ha exigido la Constitución del Comité Consultivo Regional, con la participación de los agentes económicos y sociales, y la creación de un Observatorio Permanente de la Dependencia que permita la elaboración de mapas de necesidades. La situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo deficiente, tanto en lo que se refiere a La aplicación de la Ley como por la ausencia de un espacio institucional de participación entre la Administración y los agentes sociales a propósito de esta materia. De los últimos datos oficiales proporcionados por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se desprende que, a fecha de 1 de septiembre, sólo hay 39.115 personas que están recibiendo prestaciones o servicios de las 61.531 que serían beneficiarias con derecho a prestación (de las personas atendidas, 18.506 reciben atención residencial y 8.120 prestación económica). Además, se han presentado 107.883 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia. Las organizaciones integrantes del Observatorio recuerdan que la Ley no sólo supone un derecho para las personas dependientes y sus familias, sino que su implantación tendrá un gran impacto en materia de empleo. Los sectores relacionados con la atención a la dependencia emplean a unas 40.000 personas y además se podrían crear 50.000 nuevos puestos de trabajo, convirtiéndose en un sector estratégico para salir de la crisis y para la articulación de un nuevo modelo productivo en la región. En la misma reunión, el Observatorio ha exigido, aparte de velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo territorial de Dependencia, el compromiso de la Administración Autonómica para la articulación de un Sistema Regional de Atención a la Dependencia de titularidad pública, gestión directa y suficiente que esté dotado de mecanismos que garanticen la calidad de los servicios y los centros en términos de ratios de personal, estabilidad en el empleo y formación y cualificación, entre otros. El Observatorio Social entiende, al contrario que el Gobierno regional, que la participación de la iniciativa privada se entenderá como complementaria y subsidiaria de la gestión directa.