La enseñanza pública madrileña, amenazada por la privatización

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Estas dos medidas contradicen directamente la Orden de 29 de junio de 1994 (arts. 77 y 78), que desarrolla el Real Decreto 929/1993, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Secundaria. Además, en dichas instrucciones se aumenta la ratio de alumnos/as por profesor/a de 25 a 30, se reduce el número de materias optativas, y se amplía la consideración de “materias afines”, de manera que se permite a los/as profesores/as impartir materias distintas a su especialización. El objetivo de estas medidas se comprende al observar el cupo de profesores/as enviado por la administración a los centros: recortes de en torno al 12% de las plantillas, lo que supone un total de unos/as 2.500 profesores/as menos en secundaria, en un año en el que el número de estudiantes ha aumentado en 15.000. Este auténtico ERE público encubierto afectará sobre todo a los/as trabajadores/as interinos/as, además de suponer el traslado de muchos/as funcionarios/as de su destino habitual (a dos semanas de empezar el curso, muchos/as aún no tienen un centro asignado). La reducción de profesorado no afecta solamente a los IES, sino que también tendrá lugar en los centros de Formación Profesional y en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Estos recortes se enmarcan dentro del paulatino proceso de privatización que está sufriendo la enseñanza pública de la Comunidad y que tiene lugar a través de numerosas medidas que van disminuyendo la oferta y la calidad de los centros, al tiempo que degradan las condiciones laborales de los/as profesores/as, especialmente de los/as interinos/as, quienes a pesar de haber aprobado – muchos/as incluso en varias ocasiones – una oposición, sufren cada vez mayor inseguridad laboral: vacaciones no remuneradas, turnos de media jornada o incluso de un tercio o un cuarto, menor número de vacantes, etc. A los/as 2.500 que se verán sin empleo este año, hay que añadir los/as 718 del año pasado (según las estadísticas oficiales), mientras el número de docentes en la enseñanza privada aumentó ese mismo año en 771. Hay que tener en cuenta que todos estos recortes no son, como pretenden justificar, una necesaria e inevitable consecuencia de la tan socorrida “crisis” y de la disminución del presupuesto asignado para educación, ya que frente a la cada vez menor inversión en educación pública, va aumentando la inversión en la privada y los conciertos educativos: desde 2006 ésta ha crecido un 3%, mientras que la inversión en enseñanza pública ha caído casi un 50%, según la plataforma “Soy Pública”. En cuanto a los centros concertados, éstos han crecido un 23% desde 2006, pasando a superar los 850 millones de euros, dinero que en gran parte va a parar a manos de la Iglesia católica, que gestiona dos tercios de los centros concertados. Otra de las estrategias llevadas a cabo por el gobierno regional para avanzar hacia la privatización está siendo la cesión de terrenos públicos para la construcción de colegios privados, e incluso la construcción de institutos públicos para luego entregar su gestión enteramente a entidades privadas, como es el caso del nuevo instituto de Rivas Vaciamadrid. Como resultado de todo esto, en la Comunidad de Madrid ya hay más centros privados y concertados (1611) que públicos (1572). Ante todo esto, ¿qué? Ante esta situación, los/as trabajadores/as afectados/as han comenzado a organizarse para impedir el nuevo ataque de la Consejería. Tras poner en común la situación de los centros y discutir acerca de la estrategia a seguir en varias asambleas que han tenido lugar durante el verano, los/as trabajadores/as han convocado para septiembre encierros en los centros educativos, jornadas de información a padres y estudiantes, concentraciones ante la Consejería de Educación y otras movilizaciones que se terminarán de concretar en la asamblea convocada para el 31 de agosto. La decisión más importante a tomar en dicha asamblea será la convocatoria o no de huelga para el comienzo del curso escolar, el 14 de septiembre, y si ésta será o no indefinida. Para que toda esta oposición se convierta en un arma real contra los ataques privatizadores, la organización y movilización de los/as trabajadores/as y estudiantes debe ser continuada en el tiempo y mantenerse al margen de los intereses de sindicatos y partidos. La huelga indefinida desde el primer día de curso, junto con los esfuerzos por sacar el conflicto a la calle y la difusión de la situación, son un primer paso firme para demostrar a la administración la determinación de los/as trabajadores/as de no aceptar bajo ningún concepto las nuevas instrucciones de inicio de curso ni cualquier otro ataque a sus condiciones laborales y de afán privatizador.