Las aulas de Madrid inician el curso bajo mínimos

38

Con el inicio del verano, llegaron a los centros las instrucciones para el curso 2011-2012 de la Consejería de Educación. Las peores previsiones eran entonces confirmadas: a la subida de la carga lectiva por profesor (dos horas más cómo mínimo, forzando el límite legal, sólo para casos extraordinarios) se sumaba la consideración de no lectivas horas que la legislación establece como obligatorias (tutorías, atención a las familias, reunión de departamentos, etc.). Esto se une a la reducción en un 15% de la actual plantilla (casi 3.000 profesores menos). Ante esta situación, el 7 de julio, unos 250 directores de instituto convocados por la Asociación de Directores de Institutos Públicos (ADIMAD) se reunían con el objeto de asumir medidas inmediatas. En este encuentro fue descartado negarse a firmar el cupo en la inspección de los centros en los que éste no cuadre, ante las amenazas que recibieron. Un caso extremo y que ha conmocionado a la comunidad educativa ha sido el del IES Virgen de la Paloma, un centro en el que la circular ordenaba la reducción de plantilla en 40 profesores. El mismo día en que se recibía ese documento, su director fallecía por la tarde de un infarto. Junto a la intensa movilización en la red, en la que han proliferado las cartas abiertas a los padres, ha habido una asistencia histórica a asambleas convocadas por las grandes centrales sindicales, a las que se exige de manera unánime la no monopolización y la convocatoria de una huelga continuada en septiembre. La inquietud del PP se ha notado con posturas contradictorias sobre la hora de tutoría, posturas oficiales ambiguas o su infiltración para crear polémica en el Foro de la Sur (espacio de opinión muy concurrido por la comunidad educativa), lo cual fue destapado al comprobarse que entraban desde la sede del partido en Génova. Además, el ambiente de denuncia se recrudeció con la visita de Ratzinger, ya que unas fotos publicadas por la plataforma Soy Pública de la fachada de la Consejería de Educación mostraban pancartas de apoyo institucional y bienvenida al papa. Diez años de recortes En el curso 2001-02, con las competencias en educación recién trasferidas, el 40% de los centros educativos eran privados o privados concertados, mientras que el 60% eran públicos. En el curso 2008-09 (últimos datos definitivos publicados por el Ministerio), los centros privados ya superan por poco a los públicos. En Madrid capital, en torno al 35% de los alumnos asisten a un centro público, el 75% en el caso de migrantes. “En el distrito de Salamanca (tradicional barrio burgués de la ciudad), sólo el 15% de los alumnos asistía a un público, mientras que en Villaverde (núcleo del sur industrial) ese porcentaje se elevaba al 61%”, según un estudio del Observatorio Metropolitano de Madrid. En los últimos diez años, se han construido 292 centros públicos, frente a 728 privados. Ese mismo informe advertía de que “si bien en el curso 2006-07 los extranjeros sólo suponían el 12,12% de todos los alumnos de Enseñanza General, representaban el 52,8 % de los alumnos que asistían a las aulas de compensatoria”. Entre 2006 y 2010, la inversión en educación pública ha descendido un 42%, mientras que en privada ha crecido un 11%. Según datos del Ministerio de Educación de 2010, el Estado no alcanza la media europea en inversión (5,5% del PIB), y Madrid es la comunidad que menos gasta en España y todo el continente (2,46%). El gasto educativo se sitúa en 1.167 euros por debajo de la media española, lo que significa que, por cada alumno, Madrid invierte 3.360 euros frente a los 4.527 de promedio estatal (6.200 en Euskadi). La Ley de Medidas Urgentes Con la Ley 4/ 2010 de 29 de junio, de Medidas Urgentes, se aplicó en Madrid un recorte sin precedentes. Acababa con el convenio colectivo de trabajadores y anulaba de forma unilateral los acuerdos sectoriales. Se dejaban de contratar cientos de profesores (15 por cada centro en Fuenlabrada), a pesar de que el curso 2010-11 arrancó con 15.000 alumnos más. El fuerte recorte de las plantillas aumentó las ratios (número de alumnos por profesor) a niveles que la ley fija como excepcionales; retiró apoyos y desdobles (aulas de inversión lingüística para migrantes, estudiantes con necesidades especiales, distribución de ratios más flexibles y apropiadas en algunas asignaturas, etc.) o intensificó la cantidad de docentes que imparten materias afines (para las que ni se está especializado ni se posee titulación). Por otro lado, las bajas laborales de menos de 20 días, incluso de un mes, no serían cubiertas por orden de la Consejería. Así, el Gobierno de Aguirre se ahorra unos 40 millones, un recorte que se aplicó sobre unos presupuestos aprobados en 2009 que ya reducían un 6% el presupuesto frente al del curso 2009/10. Sin embargo, la Consejería gastó 2,8 millones a cargo de los mismos presupuestos ya recortados para publicitar la Ley de Autoridad del Profesor y los centros bilingües. Con ese dinero se hubiera pagado el verano a los interinos que han perdido ese derecho o se habría conservado más número de desdobles (reducción de alumnos a la mitad por aula) para facilitar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Otra medida que suscitó gran polémica fue la deducción fiscal a quienes tuvieran a sus hijos en centros privados. Con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2010 se aumentó la deducción para los gastos asociados a la enseñanza obligatoria no gratuita. En total, se han dejado de recaudar cerca de 90 millones. La defensa de Soy Pública Esta plataforma de acción ciudadana surgió al calor de los recortes del último curso. Este colectivo declara que sus reivindicaciones no se quedan en una mera cuestión laboral, sino que tratan de poner énfasis en el modelo de gestión educativa madrileña, basada en la escasez de recursos y el desprestigio de la educación pública. Su apuesta es decidida por una educación pública y de calidad. Entre sus medidas destacan la exigencia de la supresión de los conciertos educativos, junto a la demanda de una inversión mínima que no transgredan las Comunidades autónomas y se acerque a la media europea. EMPRESAS Y ÓRDENES RELIGIOSAS CONSERVADORAS, LAS MÁS BENEFICIADAS POR LAS MEDIDAS MADRILEÑAS Una apuesta por la segregación y el lucro empresarial Liberación en 2010 en Italia, la consejera Figar, se jactaba de haber ampliado “el espacio que permite a los centros competir, diferenciarse, tener autonomía, ejercitar su pluralismo. Hemos conseguido que centros públicos, que centros concertados puedan diferenciarse, desarrollar programas innovadores de mucho éxito, como por ejemplo el bilingüismo”. En efecto, el bilingüismo se ha logrado imponer como elemento diferenciador en las aulas. Pero no es la última medida segregadora de Aguirre. Unas semanas antes del 22M anunció la creación de un Bachillerato de Excelencia. Una ocurrencia electoral, que, aunque incipiente, ya es toda una realidad. Según explicaba en el prestigioso estudio Keeping Track, Jeannie Oakes, la segregación de alumnos, sobre todo los menos favorecidos, y la educación diferenciada y academicista, sobre grupos homogéneos, no es efectiva ni incrementa la eficacia de la escuela. Del nuevo Bachillerato de Excelencia, que descontextualiza al estudiante frente al mundo diverso y lo prepara para su inmersión en una sociedad de mercado, queda excluido el Bachillerato de Artes. Para colectivos de defensa de la educación, esto supone un paso adelante en las prácticas del equipo de Gobierno de Aguirre para aplicar la zona única, cuyo único argumento es la libertad de elección de centro. El camino hacia la eliminación de zonas y distritos de los centros educativos se hacía visible cuando, en febrero de 2011, la Asociación de Directores de Institutos Públicos (ADIMAD) denunciaba la manipulación de la Consejería de la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables de 3º de ESO. Estas pruebas se analizaron con técnicas y metodología que poco tienen que ver con las características del informe PISA, al no considerar el contexto del estudiante o las diferencias socioeconómicas de los barrios. Por el contrario, escondía la elaboración de un ranking de centros que promoviera la pugna y la competitividad, algo que vulnera la Ley Orgánica de Educación. Un cambio legislativo en 2009 abrió la puerta de los centros infantiles a las empresas. Hasta ese momento sólo “cooperativas de trabajadores asociados sin ánimo de lucro” podían optar a la gestión de escuelas infantiles. La adjudicación, donde primaba el proyecto educativo, se sustituyó entonces por una subasta en la que la Administración fija un precio de salida por plaza escolar y las empresas, con sus ofertas, ofrecen precios inferiores. Clece, empresa multiservicios de ACS –la constructora de Florentino Pérez–, ganó tan sólo en la última adjudicación ocho nuevas guarderías. De 2003 a 2009, Clece multiplicó por diez su facturación, de 19 millones a 192. De un total de 1.350 escuelas infantiles, 430 son públicas, 57 concertadas y 863 privadas. Pero ésta no es la única muestra de gestión indirecta en el sistema educativo público madrileño. En julio, la plataforma en defensa de la educación Soy Pública destapaba el último intento de privatización. Enmascarada como ONG, la fundación encabezada por Patricia Botín (Santander) Empieza por Educar, ha irrumpido en los centros públicos bajo el pretexto de acabar con el fracaso escolar. Entre los patronos de esta fundación, que además tiene convenios de colaboración firmados con el Ministerio, se encuentran Olaf Díaz-Pintado, el director general de Goldman Sachs en España, Rosa María García (Microsoft) o Sol Daurella Comadrán, ligada a Coca Cola. De Javier Roglá, máximo exponente del equipo directivo, sólo se conoce su amplio currículo en altos cargos empresariales como The Boston Consulting Group, Endesa o KPMG. También Soy Pública alertó en junio sobre el nuevo Plan Refuerza, un programa de actividades extraescolares que asegura un trasvase de fondos públicos a manos privadas y da cabida a la subcontratación. A la vez, se asignará sin ningún tipo de criterio pedagógico OTRAS CIFRAS DE LA ‘INVERSIÓN’ EN EDUCACIÓN NUEVOS RECORTES PARA ESTE CURSO 2011-12 La administración madrileña controlada por el Partido Popular prevé ahorrar hasta 230 millones de euros con los nuevos recortes que tiene planteados en educación. LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN “SE APRIETA EL CINTURÓN” En el curso de 2010 y pese a que se estaba implantando el conocido como Plan Bolonia, la universidad pública madrileña vio reducido su presupuesto un 71%. MENOS PLAZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL También en el curso de 2010 las plazas ofertadas para la Formación Profesional pública se vieron afectada por los recortes, reduciendo su capacidad hasta en un 30%. PÚBLICAS A MEDIAS. SE IMPONE LA GESTIÓN PRIVADA La última escuela infantil pública de gestión directa abierta en la CAM data del último gobierno socialista de Joaquín Leguina y se terminó de construir en el año 1995.