Lo prometido es deuda

El equipo de Gobierno ha hecho realidad gran parte de sus compromisos electorales mediante una inversión de 10.456,8 millones de euros. En cuatro años ha construido equipamientos a un ritmo que, de otra manera, hubiera tardado veinte en completar. La única manera de hacerlo, asegura el mismo Ayuntamiento, ha sido mediante endeudamiento. El 55,5 por ciento de las obras (5.806 millones) fueron resueltas a través de esta fórmula. “Esta inversión ha permitido hacer una ciudad más competitiva y preparada para salir de la crisis”, ha comentado en varias ocasiones el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Si las obras se hubiesen hecho en dos décadas no habría habido deuda, pero los costes hubiesen sido mayores y el disfrute hubiese tardado mucho más en llegar, aseguran en el Gobierno municipal. La principal deuda que arrastraba la Corporación al inicio de la legislatura era el soterramiento de la M-30. La obra costó 4.141,8 millones de euros. El Consistorio aportó 1.256,3; el resto provenían del Ministerio de Fomento (54,3 millones), Fondos de Cohesión Europeos (1,7) y, sobre todo, de endeudamiento con bancos (2.826,7 millones). El coste total, incluidos los costes de mantenimiento, según el Ayuntamiento, ha sido de 5.630 millones a pagar hasta 2040. El PSOE defiende que la factura es de 10.406 millones. En estas circunstancias, la capital entró en 2007 con 4.814,84 millones de presupuesto y 5.040 millones de deuda. El Ayuntamiento presumía de expansión económica gracias a sus infraestructuras y defendía que la deuda era asumible en función de su PIB, aunque duplicaba, según IU, los límites establecidos por el Gobierno (5 por ciento frente al 2,5 por Ley). Los responsables municipales creían que a finales de 2008 no necesitarían planes de saneamiento como el que en ese momento estaban obligados a cumplir por orden ministerial. El PSOE criticaba que el IBI había subido hasta un 103 por ciento desde 2003 y el impuesto de vehículos un 40 por ciento. Madrid esbozaba ya su argumentario de la crítica al Estado que luego se convertiría en auténtica arma arrojadiza: las aportaciones fiscales no eran suficientes y no se había cerrado el pacto de financiación local. Exigían al Estado una compensación por los 2 millones de personas que entran en la ciudad todos los días y usan sus infraestructuras. Luego, esta demanda se fue modificando ante las críticas recibidas por la creciente contaminación del aire de la ciudad. A día de hoy, el alcalde no quiere renunciar a la actividad económica que genera este incremento de población a no ser que el nivel de agresión medioambiental sea insostenible.

Fortín económico

Durante la campaña electoral, Alberto Ruiz-Gallardón pidió al Estado la bonificación del 50 por ciento del IBI para pensionistas y desempleados; otra reducción para el impuesto de vehículos para coches no contaminantes, y la creación de un tramo municipal del impuesto de Actividades Económicas para modificar esa imposición. También elaboró planes especiales de inversión en distritos para fomentar el reequilibrio territorial y, sobre todo, planteó disminuir su ratio de deuda en relación al PIB en un 20 por ciento hasta fijarlo en un 4 por ciento. A final de 2007, la deuda subía a 6.039 millones como consecuencia de los 1.500 millones derivados de la deuda de la M-30. El Ayuntamiento presupuestó para 2008 un total de 5.257,74 millones y previó que a final del ejercicio la deuda se reduciría a 5.936 millones. Todavía no eran conscientes de la crisis que se acercaba. Madrid encarriló 2008 con un informe de Standard & Poors que la convertía en una de las tres ciudades más solventes del mundo. El alcalde presumía de haber convertido la Villa en un fortín económico y financiero, gracias a la potencia de su mercado bursátil, su turismo y su baja tasa de paro. Sin embargo, comenzaron pronto los problemas por la crisis. Estalló la burbuja inmobiliaria y la venta de suelo se desplomó hasta casi cero con lo que los ayuntamientos perdieron una de sus grandes fuentes de financiación. Comenzó a abrirse un enorme agujero en sus arcas. El Ministerio de Economía criticó a Ruiz-Gallardón porque su deuda triplicaba los límites legales. Este recordó la falta de un sistema más justo de financiación local y la pérdida de 135 millones por el recorte de transmisiones fiscales estatales. También se sacó de la manga que buena parte de sus inversiones cubrían competencias ‘impropias’, una queja que no había realizado antes, en especial porque muchas de ellas le corresponderían a la Comunidad. El equipo de Gobierno anunció entonces un plan de austeridad que ralentizaba y suspendía obras que no se hubiesen iniciado y que estaban previstas para ese ejercicio. El ahorro ascendía a 200 millones de euros. Esta intervención no afectó a las construcciones olímpicas, los planes especiales, el eje Prado-Recoletos, Madrid Río ni al Palacio de Cibeles, que incluso vio aumentada su partida presupuestaria.

Reveses judiciales

Los mayores ‘palos’ del año llegaron en formato judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró ilegal la tasa de vados desde 2005. Diecisiete mil personas, animadas por el PSOE, presentaron recursos para que el municipio les devolviese el dinero. El Consistorio recurrió ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado. Mientras tanto sigue cobrando. Según los proyectos de Presupuestos municipales entre 2007 y 2011, la hacienda municipal ha recaudado 225,61 millones por esta imposición. Ante la caída de ingresos, el Ayuntamiento recuperó la tasa de basuras, explicando que no se cobraba dentro del IBI. Con esta imposición se recaudaron 169 de los 177 millones que costaba en ese momento el servicio de recogida de residuos. La medida fue muy criticada, entre otros motivos porque gravaba garajes y trasteros, inmuebles que apenas generan basuras. También Madrid incrementó su número de radares de tráfico, incluyendo varios que se pusieron en Calle 30. La partida de multas se ha incrementado así desde 2007 un 84, 54 por ciento (se ha pasado de 140,96 a 260,14 millones según los presupuestos municipales), aunque ha llegado a picos de previsión de recaudación de 301,69 millones. El Ayuntamiento tuvo un respiro cuando el Gobierno Zapatero aprobó la creación del Fondo Estatal de Inversión Local para fomentar el empleo, la actividad económica y las infraestructuras en los municipios. A Madrid le correspondieron 554 millones de euros, con los que se iban a crear equipamientos propios e ‘impropios’. A pesar de ello, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, criticó que la medida era insuficiente y creaba un problema a medio plazo, ya que obligaba a los consistorios a inmovilizar capital para dotar a las infraestructuras. A finales de año, el Gobierno autorizó a los ayuntamientos a alcanzar un déficit del 3 por ciento. Madrid, por su parte, negoció un nuevo plan de saneamiento financiero hasta 2015 que permitiera cubrir con endeudamiento su remanente de tesorería. La deuda a finales de 2008 ya era de 6.682 millones, según el Banco de España. En estas circunstancias, el proyecto de Presupuestos municipales bajó por primera vez desde la ‘era Gallardón’, hasta situarse en 5.169,49 millones. Ello no paró las nubes negras. Standard & Poors redujo a comienzos de 2009 la calificación del Ayuntamiento de AA a AA- por su deuda. Esta tendencia se repetiría los dos años siguientes pasando a los niveles A+/A-1 y luego a A. Madrid sufría un enorme mordisco durante la crisis. La ‘deceleración económica’ que anunciaba el Gobierno se traducía en la capital en un déficit de 1.200 millones producido por el descenso en la recaudación por impuestos y la inexistente venta de suelo. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, aseguró a Madridiario en una entrevista que, si el año se desarrollaba de la manera adecuada, Madrid no cerraría con déficit, tal y como al final consiguió (257 millones de beneficios).

Una deuda asumible

Los números rojos comenzaban a marcarse a fuego y los municipios se pusieron firmes. Solicitaron a Zapatero fórmulas de financiación. El Gobierno aprobó un nuevo Fondo Estatal que favorecía a Madrid con 277,78 millones. El presidente del Gobierno también decretó que los ayuntamientos podían tomar medidas extraordinarias para financiar con endeudamiento su remanente de tesorería, originado por la caída de los ingresos. Madrid aprovechó para pedir un nuevo crédito de 396 millones que ayudara a cubrir los 1.107,7 millones de deudas a corto plazo que tenía el Consistorio. Madrid prefería endeudarse o subir impuestos a recortar servicios. También el alcalde recordó a Zapatero y a Aguirre que sus administraciones debían a Madrid 70 millones de euros en forma de convenios incumplidos, multas e impuestos impagados. En julio de 2009, Ruiz-Gallardón pidió al Estado permiso para contraer nuevos créditos, y volvió a insistir en octubre. Según argumentaba, la deuda con los proveedores ascendía ya a 259 millones de euros y el retraso medio en el pago ascendía a 90 días, el triple de lo establecido por ley. Mientras, la devolución tributaria se ralentizaba: el impuesto de vehículos tardaba 112 días de media en ingresarse en las cuentas bancarias de los ciudadanos. En octubre, Bravo presupuestó 4.952,19 millones para 2010 y congeló los impuestos sin subir ni el IPC. La deuda de Madrid, lejos de bajar como preveían los expertos municipales, se fijó al final del año en 6.762 millones, según el Banco de España. Representaba el 23 por ciento de la deuda total de los ayuntamientos españoles. Ruiz-Gallardón se defendió explicando que Madrid producía el 11 por ciento del PIB español y que, por sus circunstancias, la capital debía ser considerada como una comunidad autónoma a efectos presupuestarios y legales. Además consideraba que la deuda era asumible y razonable a su nivel de ingresos. “De cada 100 euros que paga cada madrileño en impuestos, 7 van a parar al Ayuntamiento, 30 a la Comunidad y el resto al Estado. Que digan los ciudadanos qué hace cada administración con ese dinero”, era el lema municipal ante las críticas. La multiplicación del endeudamiento estatal permitió añadir a esta tonadilla que el madrileño debía 2.000 euros por la deuda municipal y 6.000 por la de Zapatero. La Hacienda municipal llegó a plantear a principios de 2010 el pago de impuestos de forma bimensual para mejorar el servicio de cara a los ciudadanos y facilitarse un flujo continuo de liquidez en las cuentas. En abril, entró en funcionamiento la primera fase de la Agencia de Gestión de Licencias Urbanísticas para controlar a las empresas certificadoras creadas, en teoría, para reducir los plazos de tramitación a dos semanas. La privatización de este servicio costó a las arcas de la ciudad 7,1 millones entre 2010 y 2011 que hubo que pagar a estas empresas a cambio de que no se encareciera el trámite.

El tijeretazo

Rodríguez Zapatero, apretado por la situación económica nacional e internacional, metió la tijera en los sueldos de los funcionarios, congeló las pensiones y eliminó ayudas. Todas las administraciones tuvieron que hacer lo propio. Ruiz-Gallardón anunció en mayo un recorte durísimo en las cuentas con el que ahorró 1.041 millones de euros. Altos cargos y funcionarios vieron reducido su sueldo (los primeros un 15 por ciento y los segundos entre un 5-10 por ciento). Asimismo amortizó plazas vacantes, bajó de gama los coches oficiales, clausuró las sedes municipales a las 17.00 horas, cerró esMadridtv y otras empresas municipales, eliminó partidas como la de Cooperación al Desarrollo, redujo una media de un 15 por ciento todos los contratos y paralizó proyectos como el Centro Internacional de Convenciones y el estadio de Vallehermoso. Tras el tijeretazo, el Ayuntamiento siguió peleando cada euro con el Estado. Instó a la Administración General a que permitiese la nueva línea de créditos ICO para ayuntamientos morosos, que nunca se puso en marcha. Reclamó 178 millones por la pérdida de patrimonio que sufrió el municipio a causa de la derivación de recursos al cheque bebé y la ayuda de los 400 euros. La EMVS subastó varias promociones de vivienda en alquiler para financiarse, una operación que repetiría meses después. Mientras, las empresas de limpieza denunciaban que Madrid les adeudaba 289 millones y que no podrían pagar las nóminas a sus trabajadores. Se fraguaba una huelga que el municipio solventó en último término garantizando las facturas hasta diciembre de 2009 y recortando algunos servicios. Lo que no salvó fueron los empleos de los trabajadores que los llevaban a cabo. La animosidad llegó a su apogeo cuando Rodríguez Zapatero acusó en el Senado a Ruiz-Gallardón de pedir un mayor endeudamiento, cuando el Gobierno se lo había prohibido a las entidades locales que superasen los niveles de deuda establecidos por ley. El alcalde de la capital tildó de “mentiroso” al presidente, explicando que había pedido refinanciar 254 millones en vencimientos de deuda para pagar a proveedores. El edil popular criticó que los ayuntamientos no pudiesen realizar estas operaciones mientras que sí lo hacían el Estado y las comunidades autónomas, algo que ya había reivindicado la Federación Española de Municipios y Provincias. Ambos políticos discutieron en pleno desfile de las Fuerzas Armadas y quedaron en solucionar sus diferencias en la Moncloa. Y aunque el primer edil enarboló la bandera de la municipalidad, se comparó con las comunidades autónomas, cortó la luz en algunos tramos de la M-40 y amenazó con llevar al Gobierno a los tribunales, solo consiguió que le permitiesen subrogar la deuda de Calle 30, ahorrándose 43,6 millones en avales bancarios, y mejorar su fiscalidad en cien millones de euros anuales. La razón que dio el Ministerio de Hacienda es que la Ley Reguladora de Haciendas Locales impide utilizar deuda a largo plazo para financiar gasto corriente, es decir, para pagar los 976,5 millones que ya se adeudaban a proveedores. Las predicciones más alarmistas hablaban de una demora en los pagos de hasta 15 meses. Ruiz-Gallardón no se hacía responsable de las deudas ni de lo que pudiera pasar.

Autoventa y ‘Munipoly’

Los responsables municipales tuvieron que buscar dinero de debajo de las piedras para cuadrar las cuentas municipales de 2011. Eliminaron subvenciones o las dejaron tan solo en cesión de inmuebles. Retrasaron el término de algunos proyectos municipales y prorrogaron adjudicaciones para ahorrar. Acusaron a otras administraciones de deber 176 millones de euros en concepto de impuestos y tasas. El mismo día de la presentación de presupuestos, de madrugada, Ruiz-Gallardón vendió a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos el usufructo del 51 por ciento de Mercamadrid. Esta ‘autoventa’ reportó a las arcas de la capital 187,71 millones de euros, a pesar de las protestas de Mercasa, la entidad estatal que posee el resto de las acciones. Esperanza Aguirre propuso al alcalde jugar al ‘Munipoly‘, desprendiéndose de sedes consistoriales para ganar liquidez. El primer edil ya llevaba jugando a ese juego desde hacía tiempo. Alquilaba sedes en vez de comprarlas para ganar liquidez y no tener el dinero inmovilizado. Varios de estos inmuebles arrendados habían supuesto costes extraordinarios ya que no estaban adaptados para la labor administrativa. Por ejemplo, a finales de 2009, había revisado a la baja el 58 por ciento de sus contratos de arrendamiento, lo que le supuso un ahorro de 23,1 millones. Para cuando recibió el consejo de Aguirre, el Ayuntamiento tan sólo poseía 15 inmuebles sin uso que podía vender. El Gobierno municipal liquidó el Presupuesto de 2010 con 6.453 millones de deuda y 754,38 millones de déficit, equivalente al 0,58 por ciento del PIB madrileño y por debajo del 0,6 que marca el Estado. Sin embargo, Juan Bravo consideró “casi seguro” que el Gobierno impondrá a Madrid un nuevo Plan Económico Financiero, a pesar de la reducción de 309 millones en la deuda a largo plazo. Ruiz-Gallardón volvió a insistir en que no era responsable de la factura pendiente. Las deudas del Gobierno central y la Comunidad de Madrid con el municipio aumentaron a 210,4 millones. El Ayuntamiento tuvo que computar además 128 millones que, según el Gobierno, había cobrado en exceso de las tributaciones estatales en 2008. Esta falta de liquidez convirtió en crónica la deuda con las empresas de limpieza a las que se deben 500 millones de euros, según la patronal Aselip. Mientras tanto, los trabajadores de estas empresas amenazan con otra huelga indefinida desde el 12 de mayo porque sus jefes quieren reducirles un 5 por ciento el sueldo ante la congelación de los pagos municipales.

El catastrazo

El proyecto de presupuestos para 2011 fijó gastos e ingresos por 4.542,48 millones y situó la deuda en 6.453 millones. Por segundo año consecutivo, el Consistorio congeló los impuestos. La tasa de basuras se redujo un 9 por ciento por la eliminación de servicios extraordinarios como la recogida de muebles, la de la hoja o en días festivos. El IBI subió con motivo de la revisión catastral estatal, aunque el municipio no redujo el porcentaje que le corresponde. Desde 2007, el coeficiente municipal se ha incrementado de 0,543 al 0,581. Estas dos variables han producido que la recaudación por este aspecto, según los proyectos de Presupuesto municipal entre 2007 y 2011, se haya incrementado de 653 a 1.064 millones de euros. Es decir, un 62,82 por ciento. Bravo cuadró las cuentas con los 225 millones que esperaba que el Canal de Isabel II pagase a Madrid como una parte del lucro generado a terceros por su privatización. Como no se ha privatizado en 2010, estos millones tuvieron que cargarse en el déficit del año. Aunque aún no está cerrado, a principios de abril de 2011, Comunidad y Ayuntamiento acordaron que el municipio recibirá 189 millones y un 10 por ciento de las acciones de la empresa de aguas. Otra vía de financiación frustrada fue la del Centro Tecnológico de Las Tablas. La empresa Acciona renunció a su construcción después de que Telefónica abandonase el proyecto. Ahora, entre fianzas, daños y perjuicios, el municipio pretende recuperar en los tribunales 37,5 millones de euros. También quieren vender las viviendas del Plan 18.000, por un importe de 36,36 millones. En los últimos días, Ruiz-Gallardón ha vuelto a proponer el IBI social para personas con problemas económicos y ha defendido su tasa de basuras como un canon ecológico. Va a externalizar la gestión integral de los parques madrileños y a ampliar la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Promesas que necesitan un sostén presupuestario para no convertirse en humo. Ruiz-Gallardón no ha querido avanzar si va a subir los impuestos para hacer realidad sus planes.