Algo más de 50 municipios permiten a los ciudadanos decidir el destino de parte de sus Presupuestos

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La oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga es la primera institución supramunicipal diseñada para lanzar proyectos encaminados a cambiar el modelo de gestión de lo público desde las administraciones más próximas al ciudadano. El proyecto echó a andar en 2007, cuando en la provincia de Málaga sólo había tres ayuntamientos en los que se llevaran a cabo presupuestos participativos. Tres años después, son 21 los consistorios que desarrollan este tipo de iniciativas, un 20% del total de municipios malagueños. Aunque el principio no fue fácil, el balance sí es positivo. “En general, la gente es receptiva. Lo importante es que se discuta, que la ciudadanía se sienta dentro de la agenda política”, señala Toni Morillas, coordinadora de la oficina. “El objetivo pasa ahora por que la clase política entienda la dimensión y la importancia de la continuidad de estos procesos gane quien gane las elecciones”, explica. Los precedentes no son alentadores. De los tres municipios que comenzaron con los presupuestos participativos en la provincia de Málaga, dos de ellos han abandonado tras cambios de gobierno. Los principios orientadores En julio de 2008, en Antequera, los representantes de varias entidades territoriales acordaron constituir la red estatal por los presupuestos participativos, un entramado del que ahora forman parte 50 ayuntamientos, 30 de ellos en Andalucía. La finalidad de la red es establecer unos principios orientadores que guíen los procesos de elaboración de las cuentas municipales con el concurso de los ciudadanos. Estos preceptos son universalidad, vinculación, autorregulación y deliberación. La clave es que todos los ciudadanos tienen derecho a participar más allá de asociaciones o colectivos. “Hay que buscar modelos en los que de verdad la gente tenga capacidad de decisión, como es el de un ciudadano, un voto”, señala Antonio Carrillo, técnico de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Novelda, gobernado por PSOE e IU. Otra de las ideas básicas de la red es que sean los ciudadanos los que decidan quiénes tienen derecho a votar. En Sevilla, por ejemplo, los menores de 10 años pueden ejercer su derecho al voto y en Novelda pueden hacerlo los que trabajan en el municipio aunque no residan en él. Otro de los principios básicos para que un procedimiento tenga “verdadero sentido” es el de vinculación. “No puede ser un proceso sólo consultivo, nuestro objetivo es cambiar la geometría del poder”, explica Morillas. En otras localidades como Alicante, Albacete o Logroño se llevan a cabo experiencias que no cumplen de forma rigurosa estos principios. Se trata de prácticas consultivas que pueden ser o no vinculantes y que son decididas, en última instancia, por asociaciones de vecinos o juntas de distritos. Sevilla donde gobiernan PSOE e IU es la urbe más poblada en la que se desarrolla el proceso de presupuestos participativos. Desde la Delegación de Participación Ciudadana del consistorio sevillano aseguran que la implicación va al alza. En 2010 fueron 5.550 las propuestas presentadas, más del doble que en 2008, cuando se entregaron 2.454. Aunque los técnicos aseguran que lo importante no es cuánto dinero hay, sino “cómo se gestiona lo poco o mucho que hay”, las diferencias son sustanciales. En Novelda, una población de poco más de 27.000 habitantes, 2.000 vecinos decidieron el destino de 400.000 euros en las pasadas cuentas públicas. En Getafe, unos 4.000 de sus 158.363 habitantes votaron a qué destinar algo más de tres millones de euros. En el primer proceso desarrollado en la ciudad madrileña, en 2004, sólo colaboraron 400 personas. “Poco a poco, con un trabajo continuo y permanente, el proyecto ha ido calando entre los vecinos”, explica Sara Hernández, edil de Presidencia en el Ayuntamiento de Getafe. “Los vecinos piden explicaciones, quieren estar informados de en qué proceso está el proyecto por el que han votado. Es en esa relación permanente donde se desgrana el compromiso político”, señala. La actual coyuntura económica no parece ser el contexto ideal en el que convencer a los políticos de la importancia de la participación ciudadana en la gestión del dinero público. Sin embargo, los técnicos confían en que sí puede ser una buena ocasión para crear conciencia en la ciudadanía. “Queremos que la gente comprenda los límites de la Administración pública”, señala Antonio Carrillo. Toni Morillas continúa con la apuesta: “El modelo de democracia representativa hay que cambiarlo para dar voz a los ciudadanos, a los jóvenes, los inmigrantes… a toda la gente que está en una situación más precaria”.