La FRAVM rechaza los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2011

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En medio de una crisis económica que ha llevado al desempleo en nuestra región a más de 550.000 personas, la acción de las Administraciones públicas debe encaminarse prioritariamente a potenciar la creación de empleo y a profundizar el bienestar social. Para ello es crucial centrar los esfuerzos en el fortalecimiento del tejido de actividades económicas, la sostenibilidad medioambiental, las políticas activas de empleo, la mejora y ampliación de las prestaciones sociales, la red de equipamientos, la rehabilitación del parque de viviendas en mal estado, la promoción de vivienda pública en alquiler… Los Presupuestos que propone el Gobierno municipal para 2011 se alejan de estos objetivos: Nos encontramos con unas cuentas fuertemente restrictivas: el total de gastos se sitúa en 4.542 millones de euros, 400 millones menos que los presupuestados en 2010. Esta reducción es la tercera consecutiva y nos retrotrae a los niveles de 2005. La única partida del gasto que aumenta es la referida a la carga financiera consecuencia de la política faraónica seguida en los siete años anteriores, que llevó a quintuplicar la deuda del Ayuntamiento, hasta alcanzar los 7 mil millones de euros. El desembolso previsto para 2011 en concepto de intereses y amortizaciones (incluyendo a las empresas municipales) asciende a 720 millones de euros. En cambio, las inversiones reales disminuyen en un 39%, lo cual supone la casi suspensión de la política de equipamientos de la ciudad. Múltiples proyectos de escuelas infantiles, canchas deportivas, zonas verdes… quedan suspendidos sine die. Las actuaciones de reequilibrio territorial contempladas en los planes especiales de inversiones sufren un tremendo recorte. La contracción afecta a la mayoría de los renglones del gasto: bomberos (7,3%), vivienda (29,6%), vías públicas (21,7%), infraestructuras (29,9%), control y calidad del agua (42,6%), dotación de áreas urbanas (15,6%), cooperación con el desarrollo (89,7%), bibliotecas (13,9%), inmigración (9,8%), actividades culturales (13,8%), actividades deportivas en los distritos (18,9%), empleo y desarrollo empresarial (18,3%), servicios sociales (5,9%)… Por otra parte, observamos que los ingresos provenientes del IBI aumentan un 6%, mientras que, a causa de la crisis del sector inmobiliario, se reducen las previsiones de ingresos por ventas de terrenos, licencias… Una vez más se pone de manifiesto la dependencia de las haciendas locales de la economía del ladrillo. La FRAVM no comparte, en modo alguno, el discurso que se viene oficializando desde diferentes instancias acerca de la necesidad de recortar el papel de las administraciones. De igual modo, no admitimos el discurso referido a unas supuestas competencias impropias de los ayuntamientos para justificar que se meta tijera en los gastos e inversiones en materias como la educación infantil, la atención a las personas dependientes, el empleo… Si éstas son impropias, entonces para qué están los poderes públicos, en qué quedan los mandatos constitucionales sobre los derechos sociales de todos y todas. Nos pronunciamos por: 1) La elevación del gasto municipal en una cuádruple dirección: a.El desarrollo de políticas valientes de estímulo de la actividad económica, que tiren del empleo. b.La profundización del Estado de bienestar y, concretamente, en los ámbitos de la educación, la atención a las personas dependientes y los colectivos vulnerables, la vivienda y la integración y cohesión sociales. c.El impulso de un modelo de economía sostenible, que requiere, entre otras, una movilidad basada en el transporte público, la apuesta decidida por la eficiencia energética y el aumento y mejora de los espacios verdes. d.El reequilibrio territorial, prestando especial atención a los ámbitos (barrios y distritos) más desfavorecidos. 2) La reforma de la financiación de las haciendas locales, que se base el la recreación de un sistema fiscal erigido sobre los principios de la suficiencia de recursos y la progresividad. 3) La adopción de medidas como las que proponemos a continuación: a.Revisión del IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) al objeto de que las grandes empresas (entidades financieras, grandes superficies, industrias, empresas de servicios…) paguen un recargo. b.Creación de un impuesto sobre las compañías de telefonía móvil. c.Revisión del IBI a fin de hacer de él un impuesto progresivo. d.Creación en el IBI de un recargo sobre las viviendas vacías. e.Gravamen sobre los solares, después de que hayan vencido los plazos para proceder a su edificación (en los supuestos en que el ayuntamiento no opte por la expropiación). f.Imposición sobre los vehículos, que aumente en función de la cilindrada. g.Creación de una tasa sobre las plazas de parking de los grandes centros comerciales, especialmente de los situados en el centro de Madrid. h.Aumento sustancial de las transferencias financieras de las Administraciones central y autonómica a los ayuntamientos. i.Permitir, hasta unos límites determinados, que los ayuntamientos incurran en déficit e incremento de los techos de endeudamiento. j.Reforma de la Ley del Suelo a fin de aumentar el aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria a los ayuntamientos al 15%. k.Congelación y, en su caso, reducción del número de altos cargos y cargos de confianza. l.Auditoría de gastos de las Administraciones públicas en orden a identificar ámbitos en los que es posible reducir el gasto corriente (gasto energético, gastos superfluos…) e imponer la austeridad en el empleo de los recursos públicos.