El Gobierno de la Comunidad de Madrid no cambia de modelo productivo

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La ley de medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público del gobierno de la Comunidad de Madrid incluye unos cuantos apartados trascendentes en materia de política de suelo. Un artículo de dicha ley establece que en suelo urbanizable “el ayuntamiento podrá autorizar la simultaneidad de la edificación de terrenos que todavía no tengan la condición de solar”. Otro artículo va más lejos y determina que “los planes de ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo”. Lo anterior confirma el intento del actual gobierno de la Comunidad de Madrid de impulsar a toda costa la promoción inmobiliaria en esta autonomía. No se trata solo de convertir suelo rustico en urbanizable residencial, sino también de pasar desde suelo industrial a suelo destinado a la construcción residencial. Parece ignorarse que en Madrid se han perdido más de 200.000 empleos desde el inicio de la crisis, de los que 73.400 lo han sido en la industria, según la EPA del INE. Destaca asimismo la ausencia de garantías y de controles en la recalificación del suelo. El medio ambiente parece no importar a dicho gobierno, que pretende sin disimulo colmatar la provincia de Madrid. La densidad de población de la provincia madrileña en 2009 fue de 796 habitantes por kilómetro cuadrado, casi nueve veces más que la media de España (92,4). La nueva normativa madrileña prescinde de cualquier tipo de valoración económica previa en las actuaciones urbanísticas citadas. Dicho texto legal puede entrar en contradicción con la vigente ley del suelo estatal, la 8/2007 (RD legislativo 2/2008). El gobierno de Esperanza Aguirre actúa como si no hubiese pasado nada en los últimos años. El factor desencadenante de la crisis fueron los excesos del mercado de vivienda norteamericano. La incidencia de dicha crisis ha sido aun mayor en España, donde la construcción residencial duplicó la participación en el PIB de la Unión Europea en 2006-2007. Los excesos se estan pagando con dureza en términos de aumento brutal del desempleo, de descensos del PIB en 2009-2010 y de un crecimiento brutal de las ejecuciones hipotecarias. En 2010 dichas ejecuciones pueden llegar a las 25.000 en la Comunidad de Madrid. En materia de vivienda, en el tramo del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas transferido a Madrid, Aguirre mantendrá la desgravación por compra de vivienda habitual. Los ingresos fiscales perdidos deberían reforzar las ayudas directas al alquiler a los hogares que no pueden acceder a una vivienda en propiedad en esta autonomía. Los cambios en la normativa urbanística de Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid revelan el modelo productivo de los neoliberales, entre los que gusta de incluirse la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicho modelo es el de la nueva resurrección del ladrillo. Más viviendas, menos industria, menos empresas en general, menos empleos estables y peor calidad de vida para los madrileños serán las consecuencias de dicha política.